Hay gente que cree que está por encima de la ley cuando trata de acaparar derechos que no les corresponden mediante denuncias, escenificaciones y frases grandilocuentes llenas de demagogia barata. Producto este que la mayoría de medios de comunicación no sabe interpretar corréctamente por falta de información y formación de sus periodistas.
Tras la denuncia de CCOO sobre las famosas faldas, todo el mundo se echó al monte, primero la Junta de Andalucía, después la Inspección de Trabajo de Cádiz y finalmente el Ministerio de Igualdad. Todos acusaban a la empresa hospitalaria de conculcación de derechos, machismo, desigualdad, y hasta alguno se atrevió a mencionar el riesgo para la salud de las trabajadoras.
Poco eco tuvieron las palabras de los dirigentes de UGT (sindicato mayotitario en las empresas de PASCUAL), ni las manifestaciones a favor del uniforme de enfermeras de Sanlucar y otros centros. No interesaba, no era mediático.
Los jueces del TSJA han dado la razón al empresario en su derecho recogido en el articulo 20 del Estatuto de los Trabajadores, máxime cuando este uniforme fue elegido en 1997 tras consultar aquel año la empresa con la mayoría de los profesionales de los centros hospitalarios.
Me cuentan que José Manuel Pascual nunca se negó a cambiarlo siempre que ello formara parte de una negociación global que incluyera asuntos verdaderamente de relevancia con el sindicato mayoritario (UGT). La clave de esta trifulca es que él se negó a que le pisotearan sus derechos tres COCOS y los políticos de siempre.
¿Que va a hacer ahora la Inspección de Trabajo de Cádiz?. Ha actuado por requerimiento de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, considerando que Pascual vulneraba la ley de Igualdad al impedir que sus enfermeras y auxiliares de clínica decidieran la ropa que llevan en el trabajo.La sanción fue de 6.000€.
Veremos...
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